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EL JUZGADO DISTITUYE A LOS ADMINISTRADORES JUDICIALES DE JALE POR COBRAR MÁS DE LO AUTORIZADO 09/11/2011

El Juzgado Mercantil número uno  de Cádiz ha destituido a los administradores concursales nombrados en los procedimientos de tres empresas del grupo Jale.



En una resolución fechada el pasado 31 de octubre y notificada este lunes a las partes, y contra la que no cabe recurso, la juez Nuria Orellana considera que concurre "justa causa" para acordar la separación de los administradores concursales de Inmobiliaria Amuerga SL, Jale Construcciones SAU e Inverluna SL, en concurso voluntario desde 2008, por varios motivos.

En sendos autos dictados el 10 de julio de 2008 y el 29 de enero de 2010, el juzgado autorizaba al abogado Tomás Torres Peral, al economista Alejandro Bengio Bengio y al auditor Daniel Pastor Vega, en representación del administrador concursal acreedor Banesto, a percibir en concepto de retribución provisional por el desarrollo de la fase común la suma total de 2.109.486 euros, permitiendo el cobro del 50 por ciento con cargo a la masa activa. Los administradores, sin embargo, percibieron 4.487.874 euros.

Según detalla la juez en su escrito, "no consta que hayan procedido al ingreso de lo cobrado por encima de lo autorizado en la cuenta de consignaciones" a pesar de que "no hay liquidez suficiente para pagar los créditos contra la masa devengados".

En segundo lugar, la magistrada Orellana ve justificada la destitución de la actual administración concursal por las "desavenencias" constatadas con el presidente del grupo promotor, José Antonio López Esteras, quien denunció el cobro de cantidades superiores autorizadas en autos, aceptadas inicialmente por el empresario, después de que los administradores pidieran la suspensión de las facultades patrimoniales. "Teniendo en cuenta que en el procedimiento podría llegar a abrirse la sección de calificación, no parece aconsejable que por dichas razones se mantengan en el cargo a los mismos administradores concursales", razona.

La titular del Juzgado Mercantil de Cádiz considera que éste es el "momento procesal oportuno", al haber concluido ya la fase común, y es cuando se ocasiona un "menor perjuicio" a la tramitación de los concursos, toda vez que los nuevos administradores concursales podrán hacerse cargo de éstos "desde el inicio de la fase de convenio".

Como abogado de la administración concursal, la juez ha nombrado ahora al letrado de PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services SL Nicolás Molina García y, como auditor de cuentas, a Ernst&Young SL.

 

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