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ECONOMÍA OBLIGA A LA BANCA A CREAR LAS SOCIEDADES INMOBILIARIAS DE GESTIÓN O “BANCOS MALOS” 13/05/2012

El Gobierno se ha visto obligado a realizar su segunda reforma financiera en tres meses, por la que crea las sociedades de gestión inmobiliaria, y obliga a las entidades financieras a traspasar a ellas los activos inmobiliarios adjudicados que tienen en sus balances, cuantificados en 80.000 millones de euros.



El decreto del Gobierno, publicado el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado, abre la puerta para que las nuevas sociedades puedan dar entrada a inversores privados y apunta que podrán establecerse “instrumentos de apoyo financiero”, lo que se traduce, según dicen fuentes del Ministerio de Economía, a que estas sociedades puedan obtener algún apoyo público, tales como incentivos fiscales, avales u otro tipo de medidas, que se desarrollarán reglamentariamente más adelante.

El traspaso de estos activos a las sociedades de gestión será obligatorio para todas las entidades, pese a que los dos mayores bancos del país, Santander y BBVA, rechazaban que se les forzara a realizarla, ya que dicen estar gestionando la venta de esos activos  a ritmo adecuado.

El Decreto distingue entre las entidades que han recibido ayudas del FROB  y las que no. Las entidades que no han recibido inyecciones del fondo de rescate bancario no tendrán que cumplir con ciertas obligaciones a las que sí están sometidas las que si lo hicieron:  un ritmo de venta anual del cinco por ciento de los activos y un tope de tres años para que salgan de su balance.

Este proceso se acompasará al ritmo de las nuevas provisiones que tiene que realizar el sector, con lo que los plazos para completar el traspaso de activos adjudicados a esas inmobiliarias malas tendrán los mismos plazos que estas dotaciones: 31 de diciembre de 2012 para las entidades en solitario y mediados de 2013, es decir, 12 meses a partir de la fecha de la fusión, para aquellas en proceso de concentración.

El valor con el que los inmuebles pasarán a las sociedades inmobiliarias, que pueden ser individuales o de varias entidades, será el resultante de restar las provisiones al valor contable.

Pero tanto  Bruselas, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y los mercados  desconfiaban del esfuerzo de saneamiento hecho hasta ahora por la banca, por eso desde Bruselas y el Banco Central Europeo, BCE, reclamaban una valoración independiente de los activos inmobiliarios.

El Gobierno, siguiendo estas indicaciones,  ha optado por encargar a dos firmas externas una tasación del conjunto de la cartera de la banca, es decir una nueva prueba de resistencia del sector ante un entorno adverso: decrecimiento, caída de los precios inmobiliarios y del valor de la deuda pública. Economía sostiene que una valoración de campo, de activos inmobiliarios entidad por entidad, requeriría años, y este proceso arrojará resultados en cuatro meses.

Finalmente, parece que las empresas que realizarán estas pruebas serán  Oliver Wyman y Ernst & Young, dado que, Blackrock, que parecía que ya había recibido el encargo, no podrá hacerlo porque participa en fondos que buscan activos en nuestro país.

 

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