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GREENPEACE DENUNCIA LA ´NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA´ DE BALEARES 12/07/2012

Greenpeace ha denunciado hoy la "nueva burbuja inmobiliaria" de Baleares impulsada por el Govern con la aprobación de la nueva Ley de Turismo y la Ley de Ordenación Urbanística, "dos normas que suponen una huida hacia delante y un modelo urbanístico obsoleto".

 

 

 El grupo ecologista ha publicado hoy su informe "Destrucción a toda costa 2012", que hace un análisis económico y ambiental de la actual gestión costera española y balear, y de las consecuencias que tendrá la inminente reforma de la Ley de Costas.

 En el estudio se recoge que la ley balear de Ordenación Urbanística, ya en vigor, "abre la puerta a revitalizar" urbanizaciones paralizadas en Mallorca como las de Cala Blanca, Cala Carbó o Es Guix.

 A esto se suman proyectos como los de Sa Ràpita-Es Trenc de Mallorca, donde los conservacionistas critican la construcción de un macrohotel de 1.200 plazas y un campo de golf, lo que supone "un disparatado resurgir del ladrillo".

 Las dunas y playas de Mallorca ofrecen beneficios económicos por hectárea y año por valor de 83.317 euros y, sin embargo, en este espacio se pretende construir este establecimiento por valor de 120 millones de euros, denuncia Greenpeace.

 "El principal perjudicado de esta política es el turismo con un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos", ha asegurado esta organización, que lamenta que de los 115 destinos turísticos mundiales, las Islas Baleares aparecen en los últimos puestos en la valoración de la excelencia.

 Ibiza se sitúa en el puesto 111 de todo el mundo por la presión turística de más de 2 millones de visitantes al año.

 Los ecologistas denuncian que la Ley de Ordenación Urbanística permite a los ayuntamientos desclasificar suelo rústico y exonera a las corporaciones municipales de adaptar su plan municipal a normas de rango superior.

 A esta norma se suma la Ley de Turismo que se aprobará el próximo martes en el Parlament. "De este modo, se subordina el territorio a intereses mercantilistas y se abandona cualquier idea de turismo sostenible", indica el informe.

 Greenpeace advierte de que la actual política de costas, estatal y autonómica, no está teniendo en cuenta "la mayor amenaza" que hay: el cambio climático.

 Se trata de "una inaceptable falta de visión de futuro" que supondrá para las islas Baleares asumir un coste de 282 millones de euros durante este siglo debido a la intensificación de los temporales y las sequías, así como la subida del nivel del mar, sostienen los ecologistas.

 La mala gestión costera en el conjunto de España, que provoca la regeneración de playas, dragados y recuperación de paseos marítimos, representa un coste de 100 millones de euros cada año.

 Greenpeace afirma que la mala gestión de los ocho mil kilómetros de costas españolas ha supuesto un "derroche de dinero y alto costes en términos de conservación de la naturaleza".

 Las obras de regeneración de playas, recuperación de pasos marítimos y canalización son consecuencia de "tener una costa con exceso de infraestructura que produce la desaparición de las playas".



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