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LA FISCALÍA DE DELITOS ECONÓMICOS DE BARCELONA SE QUERELLA CONTRA LOS ADMINSITRADORES DE INMOBILIARIA CIPSA 15/07/2012

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella contra los administradores de la extinta inmobiliaria Cipsa por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia fraudulenta, falsificación de documentos mercantiles y dos delitos contra la Hacienda Pública.

 

 

Entre los acusados se encuentra Carlos Fernández, presidente de Fergo Aisa y que en su día desarrolló las funciones de director general de Cipsa. Según el fiscal, Carlos Fernández es una “persona de indudable relevancia en la adopción de decisiones en el ámbito de dicha mercantil”, que habría realizado diversas operaciones fraudulentas a través de la creación de sociedades conjuntas con diversas cajas de ahorros.

Cipsa presentó concurso de acreedores en 2009 en el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona y se encuentra actualmente en liquidación, según el Registro Mercantil.

La Fiscalía señala en la querella que Cipsa creaba sociedades conjuntas al 50 por ciento con diversas entidades bancarias para comprar terrenos. “La sociedad así creada adquiría el solar en cuestión, si bien los fondos que empleaba para el pago procedían de préstamos hipotecarios que la propia caja de ahorros concedía para la operación”, indica el fiscal, quien añade que “los responsables de Cipsa aprovecharon su situación para, bien con la connivencia de algunos responsables de la caja de ahorros asociada a la operación, o abusando de la confianza de la entidad, girar facturas por servicios falsos con los que engrosar fraudulentamente el patrimonio de los gestores de Cipsa”. Además, “una vez tenían el dinero en su poder, con el fin de eludir sus obligaciones para con el fisco, surtirse de otra remesa de facturas falsas”.

En total, la Fiscalía cuantifica hasta cinco operaciones irregulares de este tipo realizadas a través de sociedades conjuntas con Caixa Terrassa, Unnim, Caixa Laietana, Bankia, Caja de Ahorros de Navarra, Banca Cívica, Caixa Manlleu, Unnim, y Caja España, aunque no acusa a las entidades financieras, sino, en su mayoría, a los administradores de Cipsa y de diversas empresas del grupo de esta inmobiliaria.

El fiscal señala que los gestores de la inmobiliaria se habrían apropiado indebidamente de hasta 5,9 millones de euros entre 2006 y 2007, y pide al juzgado de instrucción sobre el que recaiga el caso que requiera a las cajas de ahorros todos los cheques cobrados en nombre de Cipsa.

La querella de la Fiscalía llega cuando Fergo Aisa está agotando el plazo para alcanzar un acuerdo con la banca que le permita evitar el concurso de acreedores.

Carlos Fernández se defendió ayer de los delitos de los que se le acusa y aseguró “no haber hecho nada mal”. Según el presidente de Fergo Aisa, “algunas personas se están aprovechando de la delicada situación de la constructora y estoy siendo víctima de un chantaje”. Fernández explicó que pagará los 2 millones de euros que debe del concurso de Cipsa, pero que “en estos momentos es imposible afrontar ese pago”.



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