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DECRETO POLÉMICO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA SOBRE LA VIVIENDA 10/02/2020

 

Después de convalidar el pasado miércoles un decreto de diciembre que obliga a los propietarios de más de 15 viviendas a ofrecer un alquiler social durante hasta 14 años a quienes estén ocupando su propiedad en casos de vulnerabilidad; el Govern planea ahora un nuevo decreto que obliga a regularizarles incluso habiendo denunciado la situación.



Con el segundo decreto, lanzado en enero pero todavía pendiente de convalidación, incluso cuando una ocupación está judicializada, el arrendador tendrá que regularizar a la persona denunciada.

Aunque esta medida está acotada a situaciones de vulnerabilidad, todo dependerá de cómo se haga la aplicación, ya que la evaluación de la situación estará a cargo de los servicios municipales.

El pasado miércoles, el Parlament convalidó un decreto de diciembre que busca sacar vivienda vacía al mercado como alquiler social. Este decreto contempla multas, obligación de regularizar con alquiler social en caso de okupación o, incluso, expropiación de la vivienda, a los grandes tenedores que tengan pisos vacíos.

Antes se consideraba gran tenedor a quien fuera propietario de más de 1.250 metros cuadrados de superficie habitable. Con el nuevo decreto de diciembre, todo propietario de más de 15 viviendas será considerado gran tenedor.

En cuanto a lo que es una vivienda vacía, el decreto de diciembre identifica como piso vacío aquel que permanece desocupado más de dos años sin causa justificada. Sólo se salvan, como causas justificadas, los propietarios que lo hayan desocupado por motivos laborales, un cambio de domicilio por situación de dependencia, el abandono de la vivienda por razones de despoblación o que la propiedad sea objeto de un litigio judicial. En el decreto de diciembre, la vivienda también se considera vacía aunque esté okupada, salvo que haya un proceso judicial abierto al respecto.

La polémica modificación que introduce el nuevo decreto de enero (pendiente de convalidación), es que, incluso aunque haya un proceso judicial contra la ocupación, la vivienda será considerada vacía y, por tanto, si el propietario deberá ofrecer un alquiler social a las personas denunciadas. Si el propietario es una persona física, deberá ofrecer un contrato a precio asequible por cinco años, pero si el arrendador es una empresa, la duración del contrato ascenderá a siete años.

El decreto ya convalidado también establece que las nuevas promociones en el área metropolitana de Barcelona tendrán que dedicar el 40% a Vivienda de Protección Oficial.

Según datos de la propia Generalitat, en Cataluña hay 134.655 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales, solo están en trámite 3.534, un 2,6%, la inmensa mayoría en la provincia de Barcelona.

A este fuerte desequilibrio se une que en 2008, último ejercicio completo con cifras oficiales, ya empezaron a incrementarse las cifras de desahucios y ejecuciones hipotecarias, 6.990 y más de 3.000, respectivamente, terreno abonado para que ahora, con la nueva ley, se multipliquen las ocupaciones ilegales, conscientes de que existen mimbres para terminar siendo legalizadas.

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