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PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LAS LEYES HIPOTECARIAS Y DEL CATRASTO 16/06/2014

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado  un proyecto de ley para modificar las leyes hipotecaria y del catastro para evitar informaciones "contradictorias e incompletas", según ha explicado el Gobierno.



El intercambio de datos entre el catastro y el registro de la propiedad evitará 22.000 declaraciones presenciales al año, con un ahorro de 1,8 millones de euros, además de equiparar con el procedimiento generalizado los criterios de inscripción de las propiedades de la Iglesia.

A juicio del Gobierno, la coordinación de la información existente entre ambas instituciones resulta "indispensable" para una mejor identificación de los inmuebles y una prestación más adecuada de servicios a ciudadanos y administraciones.

Sin embargo, según el Gobierno, la dispersión normativa y la falta de tratamiento integral y homogéneo de los datos entre uno y otro causan que hoy en día el resultado sea precisamente el contrario. Así, el registro utiliza una cartografía distinta de la catastral y de difícil relación; los procedimientos de intercambio de información son anticuados e insuficientes, y es difícil saber cuándo una finca registral y una parcela catastral son la misma realidad.

Esta situación "impide un control real y genera inseguridad", favoreciendo, por ejemplo, que haya fincas inscritas varias veces, que algunas puedan invadir el dominio público o los montes públicos, o que se dificulte la detección de construcciones ilegales.

A partir de ahora, con carácter general se utilizará la cartografía del catastro y, excepcionalmente, siempre que una ley lo prevea, se podrá presentar al registro una representación gráfica georreferenciada alternativa y compatible que, en virtud del correspondiente procedimiento, se incorporará al catastro.

La descripción será obligatoria cuando haya cualquier operación de reordenación de los terrenos o de las fincas, segregaciones, divisiones, y voluntaria en los demás casos,  compraventas o constitución de derechos.

El Ejecutivo espera que el proyecto reduzca los litigios en los procedimientos de concordancia entre el registro de la propiedad y la realidad extrarregistral, sea ésta física o jurídica, para así agilizar su tramitación y reducir costes.

Notarios y registradores de la propiedad serán los responsables de los expedientes de inmatriculación de fincas, la rectificación de superficie, la incorporación de bases gráficas, el deslinde, la reanudación de tracto, la duplicidad de inscripciones y la liberación de cargas.

Al integrar y coordinar todos los datos y sistemas de inmatriculación de bienes, se actualiza también la especial situación de la Iglesia católica en este punto.

Se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación.

Por diversas razones históricas, los templos dedicados al culto católico no se consideraron susceptibles de inscripción hasta 1998.

El tiempo transcurrido desde entonces y la normalidad con la que esta práctica se ha extendido a toda la sociedad, junto con la existencia de una conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos, justifican la aplicación general de este procedimiento, según la fuente.

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